FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ================================================= Una de las principales novedades introducidas por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, es la posibilidad que se contempla en la misma de permitir la firma de las personas jurídicas, mediante la obtención y uso de certificados electrónicos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Ley, en el que se recoge lo siguiente en su apartado primero: Podrán solicitar certificados electrónicos de personas jurídicas sus administradores, representantes legales y voluntarios con poder bastante a estos efectos. Los certificados electrónicos de personas jurídicas no podrán afectar al régimen de representación orgánica o voluntaria regulado en la legislación civil o mercantil aplicable a cada persona jurídica. De este modo, se pretende integrar a las personas jurídicas en el ámbito telemático, permitiéndoles garantizar la autenticación del mensaje y de las partes, así como la integridad del mismo. No se trata de la firma electrónica de los representantes de las personas jurídicas, algo habitual en la práctica jurídica, sino de la firma de las propias sociedades, no de sus representantes. Por medio de esta inclusión novedosa en la Ley se permite dar firma a las empresas, obviamente con el objeto de que así se pueda distribuir entre sus empleados. En este aspecto se avanza un paso más en comparación con la regulación anterior en esta materia, puesto que el Real Decreto-ley 14/1999 únicamente permitía la firma de las personas físicas. En este decreto, sin embargo, sí se esbozaba la posibilidad de que, en el ámbito tributario, en concreto en el ámbito de la gestión de tributos, utilizaran las empresas la firma electrónica. En cuanto a los requisitos, la Ley establece que los solicitantes deberán tener una legitimación especial (representantes legales, administradores y voluntarios con poder bastante) y que deberán responsabilizarse de custodiar los datos de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de persona jurídica. Además, limita el uso de los certificados a los actos que integren la relación entre la persona jurídica y las Administraciones Públicas y a las cosas o servicios que constituyen el giro o tráfico ordinario de la entidad, sin perjuicio de los posibles límites cuantitativos o cualitativos que puedan añadirse, que deberán figurar en el certificado electrónico. En cuanto a qué se entiende por giro o tráfico ordinario de la entidad, habría que acudir a la Exposición de Motivos de la Ley, en la que se recoge que se podría equiparar a lo que en la legislación mercantil española se denomina establecimiento fabril o mercantil, es decir, las transacciones efectuadas, mediata o inmediatamente, para la realización del núcleo u objeto social de la entidad. Ahora bien, a pesar de que este término esté acuñado por el derecho mercantil, la regulación sobre los certificados electrónicos de las personas jurídicas se extiende a cualquier tipo de persona jurídica que quiera hacer uso de la firma electrónica. Asimismo, la Ley prevé qué sucedería si se utilizase la firma electrónica transgrediendo los límites indicados anteriormente. En estos casos, la persona jurídica quedará vinculada frente a terceros únicamente si los asume como propios o se han celebrado en su interés. Si no fuese así, los efectos de dichos actos recaerán sobre la persona física responsable de la custodia de los datos de creación de firma, quien a su vez gozará de un derecho de repetición contra quien los hubiera utilizado. La novedad de la Ley ha generado numerosas opiniones doctrinales encontradas: Hay quienes consideran que la negación de firma a las personas jurídicas es dar la espalda a la realidad y, además, creen que al estar ya permitido en el ámbito tributario y no haber generado ningún problema, es lógico que la Ley integre esa posibilidad. De hecho, la Exposición de Motivos de la Ley indica que dada la enorme expansión en dicho ámbito sin que ello haya representado aumento alguno de la litigiosidad ni de la inseguridad jurídica en las transacciones, se hace necesario generalizar la titularidad de certificados por personas morales. Obviamente, en cuanto a los beneficios de esta modalidad, se encontrarían el mayor dinamismo y eficiencia en las relaciones telemáticas; asimismo, se consigue huir de las cargas formales de la representación tradicional en el documento público. Los detractores de esta figura argumentan, por el contrario, que es una figura complicada puesto que la firma exige una asunción de voluntad y ello implica que siempre sea una persona física quien firme de manera manual o electrónica, por lo que se plantearía un problema de responsabilidad frente a terceros de los actos realizados por estas personas físicas dependientes de la persona jurídica, puesto que no son sus representantes pero sí tienen capacidad para obligar a la persona jurídica a la que representan. De hecho, la propia Ley señala en su Exposición de Motivos que se trata de conjugar el dinamismo que debe presidir el uso de los certificados en el tráfico con las necesarias dosis de prudencia y seguridad (…). Artículo elaborado por Virginia Canteli Sanjurjo - fin -